La arquitectura del siglo XX, víctima del negocio inmobiliario

8 de enero de 2020

Es necesario volver hacia los centros de las ciudades, hacia un consumo responsable del suelo.

Los edificios residenciales del siglo XX conforman más del 80% del conjunto edificatorio de nuestras ciudades. Albergan en su interior los espacios privados y cotidianos de las personas y, como menciona la arquitecta Zaida Muxí en su reciente libro “Mujeres, Casas y Ciudades” (2018), constituyen “el elemento constitutivo esencial de los tejidos urbanos”. Sin embargo, es la tipología edilicia menos protegida y menos apreciada por la ciudadanía y las instituciones.

Esta mirada tradicional y aún predominante, que protege solamente al patrimonio singular y excepcional, es la responsable de esta posición discriminatoria con respecto al resto de tipologías edilicias.

La vulnerabilidad de esta arquitectura urbana viene asociada, además, a otros factores específicos como su cotidianidad y su vinculación a las esferas del mundo doméstico y de los cuidados – asociado al mundo de la mujer-, o su pertenencia a la clase media y trabajadora.

¿Cómo hacer frente a esta situación de riesgo que sufre esta arquitectura?

Un buen inicio, sería la renovación de los puntos de vista tradicionales tenidos en cuenta para su valoración y protección. El concepto de Patrimonio ha evolucionado profundamente durante los últimos años, sin embargo, estos cambios no se reflejan a la hora de su valoración y tutela.

Hoy en día sabemos – como advierte la Carta de Nara de 1994- que los bienes patrimoniales, además de los valores artísticos o monumentales tradicionalmente reconocidos, poseen también valores inmateriales (de uso, de función, de evocación, de percepción, de identidad o de autoestima) de una gran relevancia para el patrimonio.

Sabemos también que, frente a la idea tradicional del patrimonio edificado como reflejo de las elites (palacios, castillos, catedrales), se reivindica una memoria socialmente más equitativa y democrática, lo que ha supuesto la consideración de lo “cotidiano” (espacios de vivienda y de socialización de las personas) como constituyentes fundamentales de los paisajes urbanos.

Actualizar estos puntos de vista, sin embargo, no es suficiente. Es necesario modernizar también los instrumentos normativos, que siguen arraigados al pensamiento conservacionista de los siglos pasados; obsoletos para la actual centuria y más aún en el futuro inmediato.

No olvidemos que solo se protege lo que se conoce. Hoy en día, los criterios de identificación para la inscripción de bienes en los catálogos patrimoniales, y los regímenes jurídicos de protección asociados a los mismos, siguen miméticamente el “Discurso Autorizado del Patrimonio”, un discurso nacido en occidente, androcéntrico, definido únicamente por teóricos expertos en la temática, centrando su atención principalmente en la materialidad y las formas de aquellas obras maestras más emblemáticas e icónicas. Un punto de vista actualmente arcaico.

Además de la renovación de los criterios de identificación del patrimonio construido del siglo XX, es necesario buscar nuevos argumentos y nuevas herramientas. Afortunadamente, vienen aflorando nuevas tendencias urbanísticas en contra del discurso hegemónico, apoyadas en principios como la perspectiva de género, la inclusión y la participación social, la reversibilidad, la economía de recursos, la sostenibilidad, la flexibilidad y la capacidad creativa.

Lamentablemente existen ciertos sectores poderosos e influyentes de nuestra sociedad que defiende la renovación y ampliación permanente del tejido urbano en aras de un cambio necesario encubierto de progreso y desarrollo.

Pero ha llegado el momento de enfrentarse al apetito voraz de la especulación inmobiliaria y del capitalismo desmedido. No podemos seguir interviniendo sobre el territorio de manera especulativa y sin límites, apoyando y sosteniendo un consumo irresponsable del uso del suelo.

La Declaración de Davos de 2018 reclama “con urgencia un planteamiento nuevo que garantice la sostenibilidad ambiental, dando prioridad a los valores culturales por encima de los beneficios económicos a corto plazo”. Las principales instituciones vascas, encabezadas por el Gobierno Vasco, han firmado recientemente dicha Declaración, comprometiéndose a su cumplimiento.

En este sentido, el manifiesto de OMA (OMA’s Preservation Manifesto, 2014) apunta que la conservación del patrimonio residencial urbano del siglo XX puede ser “una oportunidad y un refugio desde el que repensar la arquitectura, una oportunidad para crear una nueva forma de trabajar y una nueva actitud en la que lo más llamativo sea su profundo respeto por lo previo”.

Cada vez son más las voces que reclaman la necesidad de volver hacia los centros de las ciudades, hacia lo ya edificado, recordándonos que la conservación, la reutilización y la revitalización constituyen en la actualidad las únicas opciones viables en este contexto de crisis climática.

Esta responsabilidad con la conservación del patrimonio, finalmente es un compromiso ineludible con sus habitantes y su futuro y sin lugar a dudas, con la sostenibilidad de nuestro planeta y de nuestra propia civilización.

Las aportaciones y la implicación de las mujeres en el ámbito del patrimonio, la arquitectura y el urbanismo, son fundamentales e imprescindibles para la renovación de las miradas hacia el patrimonio edificado.

Autora: Dra. Arqta. Veronica Benedet (Artículo publicado en El Correo del día 05/01/2020)